21 / 10 / 2014

Discriminaciones arbitrarias en educación


Rubén Covarrubias, Rector de Universidad Mayor.

Publicado en Diario Pulso el martes 21 de octubre de 2014.

 

 

 

Hay un viejo y sabio dicho popular que reza “donde pones la plata, está tu corazón”. Creo que ese dicho es perfectamente aplicable al accionar del Ejecutivo tras el envío de la Ley de Presupuesto al Congreso.

Para analizar el Presupuesto 2015 debemos tener en consideración que en la discusión de la Reforma Tributaria se prometió que de los US$8.200 millones que se recaudarían en estado de régimen, US$5 mil millones se destinarían a educación, es decir, el 60% de la nueva recaudación fiscal.

Para el año 2015, las autoridades económicas estiman que se recaudarán US$2.300 millones adicionales como producto de la aplicación de la primera fase de la Reforma Tributaria. En consecuencia, es dable suponer que el gasto se efectuará en una proporción similar a la prometida en estado de régimen. Pero, aun así, ¿es verdadero que los recursos para el próximo año se destinarán mayoritariamente a educación?

Entre los años 2006 y 2014, el presupuesto en educación ha tenido un incremento promedio, no incluyendo la inflación de cada año, del 10,2%. Para el 2015 los recursos anunciados son de $8.063.620.021 contra $7.189.064.757 del año 2014, es decir, solo un 1% superior al incremento efectivo que ha mantenido el sector en los últimos ocho años.

Claramente la promesa de asignar mayoritariamente los ingresos de la Reforma Tributaria a educación es una promesa incumplida.

En el área escolar, a lo menos nacen dos discriminaciones odiosas. La primera es la que asigna a dos alumnos vulnerables, con las mismas necesidades educativas, aportes distintos del Estado, según estén matriculados en un colegio municipal o en uno particular subvencionado, por cierto en desmedro de este último. Y la diferencia no es nada menor, es del orden del 20%.

La segunda discriminación se establece en las zonas rurales. En el año 2004 se asignaron más de $3.000 millones para el transporte escolar en zonas rurales, que iban destinados a que los niños de estas zonas pudiesen asistir a sus colegios, independiente de si estos eran municipales o particulares subvencionados. Para 2015, el beneficio solo se mantendrá para los niños que estén matriculados en colegios municipales. ¿Alguien puede explicar esta lógica segregadora? ¿Qué culpa tienen los niños?

En educación superior, las únicas glosas presupuestarias que aumentan son aquellas que se destinan a las universidades del Estado. Pese a esto, ya reaccionó el Consejo de Rectores, que agrupa solo a una parte de las universidades chilenas, planteando que los montos son insuficientes.

Los recursos para investigación se mantienen inalterables, a pesar de que todos los indicadores internacionales señalan que deben ser incrementados sustancialmente.

Se crea un fondo especial, solo para las universidades que tengan siete años de acreditación (es decir, Universidad de Chile y Católica de Chile), profundizando con esto no tan solo las presiones a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), sino también -y tal vez lo más grave- incentivando la lógica de acreditaciones por cantidad de años, que es uno de los errores más profundos de la Ley de Aseguramiento de Calidad.

Y a nivel de educación superior también existen discriminaciones arbitrarias. En el Presupuesto 2015 se aumentan los recursos para becas universitarias con el propósito de dar cobertura al 70% de los alumnos que lo requieran. Hasta ahí, gran noticia. Pero lo curioso -y odioso- está en que existirá diferencia en los montos de dichas becas, dependiendo de si el estudiante está matriculado en una universidad del Consejo de Rectores o en una universidad privada.

Se puede dar la paradoja -como de hecho ha ocurrido- que en una familia con dos hijos en la universidad, uno acceda a una beca mayor por estar matriculado en una universidad del Estado, y el otro a una menor, por elegir una universidad privada. Curiosa discriminación, pues esos jóvenes tienen exactamente la misma situación socioeconómica. ¿Dónde está la racionalidad de esta discriminación?

Por otra parte, también hay discriminación en los aportes basales. Las universidades que lo obtienen son solo aquellas que son parte del Consejo de Rectores; algunas de ellas, privadas. A este selecto grupo no se puede ingresar -tal vez para no repartir la torta-, pero sí adscribir, tal como lo hicieron ocho universidades privadas sin financiamiento del Estado que aceptaron regir sus procesos de admisión según las normas y procedimientos del sistema único, bajo la lógica de igualdad de condiciones para competir.

Muchas de estas ocho universidades tienen mejores niveles de acreditación, mayor productividad científica, mayor antigüedad y mejores promedios PSU de ingreso. Todas son corporaciones de Derecho Privado sin fines de lucro y, pese a ello, no tienen derecho a aportes basales. ¿Por qué se las excluye de los aportes basales? ¿No contribuyen igual al desarrollo del país? ¿Cuál es la razón para tal discriminación? ¿O tal vez solo por ser privadas y estar fuera del CRUCh se las considera universidades de segunda categoría?

Sinceramente, creo que el Gobierno se ha perdido una maravillosa oportunidad para dar término a las discriminaciones. Todavía hay tiempo para lograrlo, aunque ahora depende de nuestro Congreso Nacional.

http://www.pulso.cl/noticia/opinion/2014/10/4-51991-9-discriminaciones-arbitrarias-en-educacion.shtml