21 / 12 / 2016

Decepcionante protocolo de rediseño de la reforma


Rubén Covarrubias, Rector Universidad Mayor

Columna publicada por El Mercurio el 21 de diciembre de 2016

Hace pocos días, el Ministerio de Educación presentó ante la Cámara de Diputados una minuta que denominó Propuesta de Indicaciones al Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior. En su introducción plantea que durante la tramitación del mencionado proyecto surgieron "ciertos nudos críticos que han sido abordados por el Ejecutivo mediante el impulso de un trabajo de rediseño". Y continúa: "el rediseño del Proyecto de Ley recoge los nudos críticos que se han identificado en las diversas intervenciones en la Comisión de Educación de la Cámara". Esto significó que "el Ejecutivo, a partir de conversaciones sostenidas con rectores y de la discusión en el seno de la Comisión de Educación, desarrolló..." el antes mencionado Protocolo de Rediseño.

Si uno se quedase con esta introducción del documento ministerial, nadie podría estar en desacuerdo. Es tina acertada metodología que permitiría corregir un muy mal proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo.

Sin embargo, al analizar el contenido del mismo, es realmente asombroso cómo el Gobierno recoge, como nudos críticos solo lo que ideológicamente le conviene.

Cede ante las presiones del Consejo de Rectores (CRUCh) y con mayor convicción ante las presiones del Consorcio de Universidades del Estado. Si antes el proyecto de ley era malo, hoy, con la pimesa de estas indicaciones sustitutivas, el proyecto es definitivamente peor.

El documento se estructura en dos partes: Resumen de las Críticas y Eje del Rediseño.

Parte con una buena noticia: el reconocimiento del carácter mixto del sistema de educación superior, pero este reconocimiento se borra rápidamente al analizar el contenido de las indicaciones sustitutivas. Absolutamente toda la política está orientada solo a las instituciones de carácter gratuito. El resto del sistema sencillamente no existe.

Persiste un sesgo odioso, de dudosa constitucionalidad, ya que simplemente es discriminatorio y tiende a forzar a las instituciones a adscribirse a una política de gratuidad mal diseñada y que afectará irremediablemente a la calidad de las universidades.

Al CRUCh se le vuelve a empoderar; y se lo nombra como colaborador del Mineduc, pero en ninguna parte se menciona que esta organización representa a un sector minoritario de los alumnos que estudian en la educación superior. Casi uno lo entiende, por cuanto si en algo ha sido efectivo el CRUCh es en su capacidad de realizar lobby, y el Gobierno no está en condiciones de enfrentar otro año con el CRUCh en contra.

El Mineduc cedió en el único punto que era tal vez rescatable del proyecto de reforma: la derogación de los aportes basales, los que se transformaban en fondos concursables por méritos. La nueva propuesta elimina el artículo que derogaba el Aporte Fiscal Directo, o sea, se mantienen los privilegios; se mantiene el fondo especial para las instituciones estatales y se mantiene el aporte basal para las universidades privadas del CRUCh. Como se observa, una vez más solo existen en el país las universidades que pertenecen a este exclusivo club que se llama CRUCh. El resto desapareció.

En las propuestas existe un largo capítulo orientado exclusivamente a las universidades del Estado y regionales, en el cual, mediante una serie de indicadores muy confusos, se pretende definir lo que se entiende por universidad regional, poniendo en riesgo a instituciones como las privadas del CRUCh, que también tienen sedes en distintas regiones.

En el tema de la investigación también se introducen modificaciones, con mayores requisitos para postular al Fondo, pero al que solo podrán acceder las universidades que sean gratuitas. Esto muestra un sesgo realmente inaceptable, que implica no entender que la generación de conocimiento es un bien público, por lo que el Estado debe apoyar a todos aquellos que tengan capacidad para generar ese bien.

Es sorprendente que en todo el documento no exista ni una sola mención a la autonomía universitaria. No es nudo crítico. Para el Ejecutivo, sencillamente, la autonomía no es un valor del sistema. Incomprensible.

Por razones de espacio no puedo seguir extendiéndome; sin embargo, llama la atención que la Subsecretaría de Educación Superior mantenga su poder sobre las universidades; controla las vacantes los precios, la admisión y el desarrollo de las mismas. Es decir, en la nueva propuesta, las universidades se siguen manteniendo como una extensión del poder y la voluntad de los gobiernos dejurno.

RUBÉN COVARRUBIAS GIORDANO

Rector Universidad Mayor

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